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Gobierno y CERMI inician los trabajos para facilitar el voto y el acceso a la justicia de las personas con discapacidad

La Consejería de Presidencia amplía las actuaciones para fomentar la accesibilidad universal

Santander- 07.12.2017

El Gobierno de Cantabria y el CERMI colaborarán en la elaboración de sendos estudios sobre las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad en la Administración de Justicia y en los procesos electorales.

El consejero de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y la presidenta del CERMI-Cantabria, Mar Arruti, han presentado las iniciativas que servirán para corregir las situaciones que impiden la efectiva participación y conseguir la accesibilidad universal para que todas las personas puedan hacer uso de estos servicios y entornos, incluidas las personas con discapacidad.

En este sentido, el titular de Justicia ha destacado que se están dando "pasos decididos" para conseguir la "igualdad entre todas las personas" y ha asegurado que se proporcionarán las "condiciones necesarias" para que estas personas ejerzan su derecho al voto.

De la Sierra ha subrayado que se trabajará para lograr "avances significativos" como el que se consiguió en 2008, desde el que el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas proporcionan papeletas para que los invidentes puedan participar en el proceso electoral.

El consejero ha destacado la capacidad del CERMI, como entidad que agrupa a su vez a 3.000 asociaciones del sector de la discapacidad, para realizar estos estudios con el fin de garantizar una mayor efectividad en las medidas a poner en marcha para la eliminación de los obstáculos que se sufren a la hora de ejercer el derecho al voto y acceder a la Administración de Justicia, derechos que son fundamentales, ha subrayado.

Por su parte, la presidenta del CERMI-Cantabria, Mar Arruti, ha asegurado que estas actuaciones son "gran logro" y ha subrayado que en España hay más de 100.000 personas con discapacidad que no pueden votar. Arruti ha subrayado que uno de los objetivos de este estudio será cuantificar el número de cántabros con discapacidad que no pueden participar en estos procesos.

Para resolver las necesidades en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, se realizará a comienzos de año un análisis sobre la accesibilidad en los edificios judiciales de los Palacios de Justicia de Cantabria, así como de los procesos, servicios, la información y las comunicaciones de las actuaciones procesales y judiciales.

Se comenzará en enero y febrero con los órganos judiciales de Santander y Torrelavega y en los siguientes meses se ejecutará en el resto de partidos judiciales.

Posteriormente, se redactará un plan específico para eliminar las barreras físicas, legales, de comunicación y sociales existentes en la Administración de Justicia, un trabajo que se realizará junto a un equipo formado también por organizaciones expertas en este ámbito para que sean medidas viables y efectivas.

El Gobierno de Cantabria trabajará, en todo momento, en colaboración y coordinación con el Tribunal Superior de Justicia de la región.

Serán "propuestas generales", como ha apuntado el consejero de Justicia, para mejorar la accesibilidad arquitectónica, de señalización de edificios, de información y sobre todos aquellos servicios que puedan favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

En tercer lugar, se organizarán a principios de 2018 sesiones informativas sobre las necesidades de las personas con discapacidad en el acceso a la Justicia y en la defensa judicial de sus derechos e intereses legítimos.

Serán jornadas dirigidas a todos los colectivos que prestan servicio en el ámbito de la Justicia (Jueces, Magistrados, Fiscales, Letrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, graduados sociales, peritos, etc.), con las que se quiere sensibilizar de las necesidades especiales que tienen las personas con discapacidad para que reciban una mejor atención.

Elecciones autonómicas y municipales

En el ámbito de los procesos electorales, se ejecutará un estudio de participación de personas con discapacidad en procesos electorales y, en concreto, el CERMI realizará una estimación de electores con discapacidad y tipo de discapacidad, con la finalidad de adoptar medidas que faciliten la identificación de la opción de voto, con autonomía y plena garantía del secreto de sufragio para las personas con discapacidad.

También se elaborará una guía del voto por correo donde se explique la regulación específica del voto por correo en el caso de que concurra enfermedad o discapacidad que impida formularlo personalmente. Esta guía será utilizada por la Consejería de Presidencia para conocimiento de la mecánica del voto por correo por parte de las personas con discapacidad, posibilitando de forma efectiva el secreto del sufragio de estas personas.

El Gobierno y el CERMI programarán una serie charlas para la resolución de dudas sobre el voto por correo. Respecto a la información institucional sobre el proceso electoral, se analizará la información institucional ofrecida por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria para incluir propuestas de mejora sobre las condiciones de accesibilidad de esa información. En especial, se estudiará la accesibilidad del calendario electoral y la elaboración de versiones del mismo en Braille.

Por último, según ha explicado De la Sierra, se establecerán medidas que garanticen la accesibilidad de los Colegios electorales con el objetivo de garantizar el voto de las personas con discapacidad el día de las elecciones.

Estos trabajos deberán estar finalizados el 30 de abril de 2018, con el fin de que el Gobierno de Cantabria pueda poder en práctica estas medidas y facilitar la participación de las personas con discapacidad en las elecciones autonómicas y municipales previstas para 2019.

El consejero de Presidencia se ha referido también a otra iniciativa de colaboración con el CERMI en el ámbito de las emergencias y ha valorado sus resultados en relación con la autonomía personal de las personas con discapacidad y garantizar, al mismo tiempo, que los agentes intervinientes tengan la formación técnica adecuada para prestarles una mejor atención.

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